un dispositivo policía compuesto por decenas de anti-disturbios ah desesperanzado hoy a Farid y Karima y sus dos hijos, Hanine y Mohamed, de 7 y 4 años. Pese a los intentos del sindicato de vecinos Edificio Malilla por frenar el desalojo en la puerta, la Unidad de Intervención Policial (UIP) consiguió entrar en el edificio y desalojar a los ocupantes, deteniendo también a varios activistas.
fue aproximadamente una casa ocupado en agosto, En primer lugar, según los afectados, la falta de vivienda alternativa. Hasta casi las diez de la mañana, los activistas se atrincheraron dentro de la casa con la puerta enrejada, mientras la UIP intentaba abrir la casa. Los alrededores fueron acordonados por una veintena de agentes hasta que se llevó a cabo el desalojo. La familia dormirá las próximas dos semanas en un hostal gracias a la intervención de los servicios sociales, mientras se busca una alternativa para ellos.
Así lo explican fuentes de la unión de vecinos Dos de los tres detenidos tienen heridas, uno en un ojo y otro ha perdido un diente por los disparos en la intervención policial. La Policía Nacional explica que fueron detenidos por agredir a un agente de la autoridad y desórdenes públicos. La UIP llegó a la vivienda una hora antes del lanzamiento previsto, a las 9.15 horas, dejando el lugar libre ante la llegada del cortejo judicial. La fuerza policial ha sido mucho más numerosa de lo que los activistas habían previsto y de lo que suele ser el caso en este tipo de casos.
Mohamed es un vórtice que corre descalzo de un extremo a otro de la casa y de vez en cuando da un golpe. Tiene 4 años, es un niño y quiere jugar, por lo que este domingo no entendía la situación que lo rodeaba. Mientras estaba en la escuela este lunes por la mañana, la policía y un juez lo dejaron en la calle. A él, su hermana Hanine, de 7 años, y sus dos padres, Farid y Karima.
Entraron en el apartamento como ocupantes ilegales en agosto, Ante la falta de vivienda alternativa, ya pesar de la presencia de dos niños en la vivienda, el juez decidió proceder al desalojo previsto para hoy. La empresa de inversión propietaria del apartamento ha presentado una denuncia en cinco ocasiones, pero ningún intento de desalojo ha tenido éxito. Aunque los otros cuatro estaban a nombre de Laura, otra inquilina que ya había mencionado este diario.
Laura es una madre del barrio de Malilla en Valencia que tuvo que reformar su casa en los momentos más difíciles de la crisis económica. Esa decisión significó que no tenía dinero para hacer frente a su deuda y terminó sin pagar. En esa casa vivía ella con sus dos hijos menores y cuatro veces intentaron desalojarla. Dos de ellos fueron detenidos por un juez al saber que había menores en la casa, y los otros dos fueron detenidos por vecinos de la unión de vecinos Edificio Malilla con una protesta en la puerta. Incluso una resolución de la ONU logró que se quedara.
Finalmente la administración obtuve una alternativa para Laura y sus hijos y ahora disfrutan de vivienda pública con alquiler asequible en otro barrio de valencia. Cogieron sus cosas y abandonaron el apartamento. Y unos días después Farid y Karima entraron como ocupantes ilegales.
El juzgado entiende que, aunque esta vez otros afectados, este es el mismo proceso y no hay mas prórrogas ni postergaciones. Así que Farid, Karima y sus hijos estaban en grave peligro de quedarse sin hogar. Tanto es así que un grupo de activistas se acostó con ellos esta noche y más gente se quedó en la puerta a la hora del lanzamiento.
A esta complicada situación se suma el hecho de que Farid y Karima son solicitantes de asilo. Ahora mismo tienen carta blanca, documentación provisional que les permite trabajar mientras revisan su proceso y toman una decisión final, pero hasta ahora, después de dos años en el país, no habían podido trabajar.
Con trabajo pero sin hogar
Farid está feliz porque, casi dos años después de su llegada a España y tras su paso por las instalaciones de acogida de Cruz Roja y Cepaim, Conseguí un trabajo. Han pasado literalmente tres días desde que comenzó. Con esos ingresos esperan ir resolviendo poco a poco su situación, pero la casa pende de un hilo.
Ellos dijeron eso antes de patear movieron cielo y tierra, pero los empujaron porque la alternativa era vivir en la calle. «O eso, o pagaste 700 euros a una mafia para poder abrirles un piso”, cuenta un sindicalista de barrio que les ayuda con sus necesidades.
«Alquilar es imposible, e incluso entonces no teníamos ingresos, nadie va a alquilar nada a una familia sin sueldo, aunque ahora que no tenemos ninguno de los dos”, dice Farid. “En los servicios sociales no supieron darnos una solución”. Su plan ahora es mudarse a una ciudad cercana a Valencia como Alginet o Alcudia, «un pueblo que tiene metro para ir a trabajar, pero tampoco es fácil encontrar un alquiler normal allí», dice el padre.
Ahora mismo viven con agua pero sin electricidad. Los activistas de Construyendo Malilla les han proporcionado baterías que conectan a la televisión, a una lámpara oa algunos electrodomésticos, y que recargan en la sede del sindicato o en sus propios hogares. Los alimentos también son proporcionados por el banco de alimentos de Malilla Solidaria. Los dos niños ya están matriculados en la escuela del barrio y un amigo les ayudó a terminar de pagar los libros.
Gentrificación en Malilla
Así lo explicó Vicente Danvila, vocero del sindicato de vecinos Construyendo Malilla el barrio vive un proceso de gentrificación desde hace cinco años por la ampliación del parque central de valencia y la construcción de más servicios públicos y nuevos parques.
“Creemos que estas inversiones son muy buenas, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es revalorizar mucho los terrenos del barrio, y hacer que los precios suban, aprieten e incluso expulsen de por vida a familias de bajos recursos”, explica.
Para ello, como explica Danvila, «Hemos visto que hay muchas viviendas de sociedades inversoras o promotoras que simplemente llevan años cerradas, y son los bloques más antiguos”, dice. Para el activista “creemos que es porque son muchas obras de reforma y no quieren empezar hasta que no estén terminadas las grandes obras, pero allí podrían vivir familias que necesiten una vivienda”, asegura.
Las plataformas de vivienda advierten desde hace meses que la realidad de los desahucios podría volverse aún más dura este invierno, sobre todo si no se renueva la moratoria, que -en parte- «Prohíbe los desalojos» del Gobierno dentro del escudo social más allá del 31 de diciembre. Con el escudo social la Comunidad ya se da de alta 19 desalojos diarios en el primer semestre del añosegún los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, cifras que nos acercan a los años más duros de la crisis financiera.