El 86% de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana tiene dificultades para acceder a una vivienda dignaprincipalmente por el precio del alquiler y los problemas burocráticos con el censo, que colapsó durante meses en el Municipio de Valencia.
Estos son los datos de un estudio realizado por Observatorio de Hábitat y Segregación Urbana (OHSU) en colaboración con Valencia Aculle y la Comisión Técnica de Migración y Vivienda, que analiza la exclusión residencial de colectivos vulnerables como la población migrante en la Comunidad.
el estandar es uno de los principales y más acuciantes problemas de la población migrante, ya que sin ella no se puede acceder a la gran mayoría de derechos en España. El hundimiento es tal que ha provocado la proliferación de un mercado negro en las citas por el que algunas personas han llegado a pagar 300 euros por un trámite gratuito, según documenta este diario.
El vicepresidente y ministro de Vivienda, Héctor Illueca, asistió a la presentación del estudio donde defendió el derecho a la vivienda como “la puerta de entrada a toda una serie de derechos”. El estudio revela que las personas que tienen más complicado el acceso a la vivienda son las de Origen africano y americano.
La falta de documentación adecuada para poder formalizar un alquiler en condiciones, sumado a los altos precios y la limitada disponibilidad de pisos asequibles provocan situaciones de vulnerabilidad que sufren muchas familias nada más llegar a Valenciacomo el hogar que vive en una habitación superpoblada o que cae en apartamentos que en realidad son una estafa.
Además, esta población, indicó Illueca, «tienen más problemas para arreglar una residencia porque tienen dificultades para registrarseque muchas veces les pide documentación que no pueden aportar, entrando en un círculo burocrático con pocas salidas”.
los la no regulación del mercado inmobiliario privado también permite un aumento de la demanda, lo que eleva la renta junto con el aumento de los intereses al 2%y antes incluso «esta gente acaba en manos de la mafia», advierte el estudio.
El ministro de Vivienda lo defiende “Necesitamos políticas de vivienda transversales y eficacesy que “tengan un amplio conocimiento de las realidades en las que quieren incidir”.
El estudio agregóte permitirá saber más sobre la situación real de los migrantes y actuar a través de propuestas y recomendaciones para mejorar las políticas públicas.
Entre las acciones, propone mejorar la accesibilidad en la gestión y los procedimientos; abordar grupos de personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva inclusiva e interseccional; seguir ampliando el parque inmobiliario o luchar contra la brecha digital, que dificulta, por ejemplo, conseguir subvenciones al alquiler.
El Director General de Emergencia Habitacional, Pura Peris, precisó que «todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poder participar como se debe a esta población con precariedad jurídica y desconocimiento del idioma”. A esto hay que sumarle, apunta Peris, que “la mayoría sufre malos tratos porque se hacinan en las habitaciones, porque no saben si se les da correctamente”. lugares o no y no saben atreverse a denunciar