El vicepresidente segundo y concejal de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, participó en la presentación del Estudio de Diagnóstico sobre la exclusión residencial de colectivos vulnerables: población migrante y racializada en la Comunidad Valenciana.
La vicepresidenta advirtió que al 86% de los migrantes les cuesta acceder a una vivienda digna y el principal problema es el precio del alquiler. Además, esta población enfrenta otros obstáculos y limitaciones que van más allá de la barrera económica. “Tienen más problemas para fijar una residencia porque encuentran dificultades con el registro, que muchas veces pide documentación que no pueden aportar, entrando en un círculo burocrático con pocas salidas”.
Héctor Illueca ha recordado que desde la Vicepresidencia Segunda el derecho a la vivienda siempre se ha considerado “la puerta de entrada a toda una serie de derechos” que no se pueden disfrutar sin estar garantizados. Por eso “necesitamos políticas de vivienda transversales y eficaces: que tengan un conocimiento amplio de las realidades en las que se quieren condicionar”.
Aquí cobra especial relevancia el trabajo realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana (OHSU) y la colaboración de las personas y organizaciones que participaron en este estudio para conocer mejor la situación real de los migrantes.
Un conocimiento que permitirá actuar y que incluye, además, un “apartado muy valioso de propuestas y recomendaciones para la mejora de las políticas públicas”. Algunas recomendaciones que hay que hacer y relativas a la mejora de la accesibilidad en la gestión y los trámites, la atención a colectivos de personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva inclusiva e interseccional, seguir ampliando el parque público edificatorio o luchar contra la brecha digital que dificulta, por ejemplo, para alquilar ayudas para llegar a ellos.
comisión técnica
El estudio es fruto de la Comisión Técnica de Migración y Vivienda creada en 2020 durante el pleno de la OHSU de la Dirección General de Emergencia Habitacional, para analizar la población migrante en el territorio valenciano y ver qué políticas de vivienda se podrían implementar para mejorar tu situación.
Esta comisión está integrada por los miembros del pleno de OHSU y las organizaciones que desearon incorporarse. Además, han colaborado con su experiencia todas las organizaciones no gubernamentales con las que trabajan con inmigrantes en la Comunidad, expertos de la Universitat de València, psicólogos de organizaciones de inmigrantes y de la Administración Pública y diferentes direcciones generales que han trabajado en este tema. estudios. .
El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha destacado que una de las conclusiones importantes de este estudio es que la situación de los inmigrantes «no es un problema unidireccional o unidireccional en materia de vivienda, sino que es un situación transversal que requiere la participación de muchos agentes.
Además, explicó que la ley de función social “nos obliga a atender a los más vulnerables y en los dos o tres años que tardan los migrantes en regularizar su situación, debemos generar ayudas de emergencia temporales para cubrir ese espacio”.
Según la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, este estudio realizado por la OHSU, en colaboración con Valencia Acul y la comisión técnica, se participó a través de metodologías de encuestas cuantitativas y cualitativas a los migrantes que residen en nuestro territorio.
Pura Peris subrayó que “todavía tenemos mucho por trabajar para poder atender adecuadamente a esta población con inseguridad jurídica y desconocimiento del idioma”. A ello hay que añadir que la mayoría sufre maltrato porque “se les hacina en las habitaciones porque no saben si las están alquilando correctamente o no y no se atreven a denunciar”.
Tal y como ha anunciado la vicepresidenta, el estudio revela que el 86% de los encuestados cree que el acceso a la vivienda es muy difícil, especialmente las personas afrodescendientes y americanas.
Además, la no regulación del mercado inmobiliario privado está permitiendo un aumento de la demanda, lo que eleva la renta junto con el aumento de los intereses al 2%. Debido a estas condiciones, esta población acaba en manos de las mafias.
observatorio de vivienda
Los secretarios autonómicos y directores generales de la Vicepresidencia Segunda y del Departamento de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol, el Instituto Valenciano de la Construcción, el Instituto Cartográfico, Urbanismo, acción comunitaria y barrios inclusivos, Atención primaria y autonomía personal.
Asimismo, tiene interesados a representantes de la Plataforma Antidesalojo; el sindicato de consumidores; el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; el Colegio Oficial de Arquitectos; la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes de Urbanización; la Asociación Española de Administradores de Suelos y Edificios Públicos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.