En 2020, la Sociedad Gestora de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb) anunció la disponibilidad de un total de 10.000 viviendas para comunidades autónomas y municipios, a las que se sumaron otras 5.000 en febrero del año pasado.
“De esta forma acudimos directamente a la Administración Pública para llevar el número de viviendas sociales a 15 mil”, dijo en un comunicado el banco, también conocido como el ‘banco malo’.
La iniciativa, sin embargo, no tuvo impacto en la Comunidad Valenciana en forma de aumento del parque de viviendas de protección oficial, a excepción de algunos municipios.
Fuentes Sareb han informado a elDiario.es que de momento tienen acuerdos de cesión temporal únicamente con los municipios de Gandia (24 pisos cedidos), Sagunt (16 viviendas), Elche (9 viviendas), Torrent (6 viviendas) y Almoradí (6 viviendas). ) . Las cesiones temporales suelen durar entre cuatro y cinco años, transcurridos los cuales las propiedades vuelven a la empresa.
Es interesante señalar que tanto la Generalitat Valenciana como municipios importantes como Valencia, con altas demandas de alquiler social, no se benefician de este tipo de convenio.
En este sentido, el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, explicó a elDiario.es que siempre se ha descartado esta opción por considerarla ineficaz: «La mayoría de las viviendas están ocupadas o por rehabilitar, o ambas cosas, porque por tanto pueden pasar dos o tres años hasta que estén en buen estado, y luego al poco tiempo hay que devolverlos.” En los mismos términos se pronunciaron fuentes de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Valencia.
Aguilar ha explicado que por eso el Ministerio de Vivienda, encabezado por el vicepresidente Héctor Illueca, siempre ha apostado por la Sareb para comprar viviendas (ha adquirido más de un centenar), porque de esta forma el inmueble pasa a formar parte del parque público de forma permanente.
Aguilar pidió un cambio en el objeto social de Sareb, creada en 2012 por el Gobierno para gestionar y vender los activos problemáticos de las entidades financieras que han recibido ayudas públicas: «La entidad tiene 45.000 inmuebles y una deuda de 35.000 millones que no se va a recuperar porque estos activos no tienen salida al mercado debido a sus precarias condiciones, por lo que es necesario buscar una rentabilidad social destinándolos definitivamente al incremento del parque inmobiliario”.
En concreto, Sareb posee en España 45.718 viviendas que no ha vendido, así como 21.693 obras en curso y 30.320 solares edificables, según datos de la compañía a finales de abril.
Por comunidades autónomas, la región en la que la Sareb tiene más viviendas deshabitadas es Catalunya, con 12.731 pisos, seguida de la Comunitat Valenciana, con 8.532; Andalucía, con 4.124; y Murcia, con 3.434 unidades. A la cola se encuentran Navarra, con 49, y Euskadi, con 89 viviendas sin ocupar.
El Gobierno de Mariano Rajoy, cuando creó la institución, aseguró que no costaría «ni un euro» a los contribuyentes, pero acabó provocando un agujero millonario añadido a la deuda pública. Nueve años después, en 2021, Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea, obligaba a España a asumir como propios los 35.000 millones de euros de deuda de la empresa, siendo el Estado garante.
Sareb, en sus orígenes, fue un paso más en el rescate bancario. La empresa nació, como ha sucedido en otros países, con el objetivo de aglutinar los activos improductivos (vivienda, crédito a la construcción, suelo no urbanizable, etc.) de los bancos rescatados, saneando así sus balances. Para adquirir estos activos, la empresa se endeudó con 50.000 millones, realizando una valoración que con el tiempo resultó ser excesiva. En sus primeros 10 años, el banco malo redujo su pasivo a poco más de 33.000 millones.