El Ministerio de Vivienda y Arquitectura Bioclimática acogió las recomendaciones del Defensor del Pueblo e modificará el sistema de inscripción en el registro comunitario de viviendas para que no sea sólo telemático. También se comprometió a informar en un plazo de 175 días sobre cómo se solucionará el problema habitacional de las personas que no cuentan con una vivienda pública adecuada.
Asimismo, se modificará la normativa para que cuando no se pueda asignar una vivienda a una persona en situación de vulnerabilidad, automáticamente te ofrece ayuda alquiler directo, según informan las mismas fuentes.
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Así lo señala la resolución de cierre de la investigación que inició la Defensoría del Pueblo, en noviembre de 2021, analizar cómo pueden afectar los derechos de los solicitantes de vivienda pública algunas de las disposiciones contempladas en el nuevo decreto del Reglamento sobre el registro de viviendas en la Comunidad Valenciana y sobre el procedimiento para la adjudicación de viviendas, según un comunicado del Defensor del Pueblo Valenciano.
Se abrió la denuncia oficial para investigar el posible incumplimiento del decreto analizado de la Ley de la Función Social de la Vivienda (LFSV) y la obligación de inscribir la solicitud de vivienda en el Registro solo electrónicamente.
Este instituto ha manifestado en reiteradas ocasiones que, una vez que la persona en situación de vulnerabilidad ha expuesto su necesidad de vivienda, corresponde a la administración pública competente lanzar toda la gama de acciones y las ayudas disponibles para satisfacer cuanto antes el derecho a una vivienda digna y asequible.
Respuesta del gobierno valenciano
En su respuesta a las consideraciones del administrador concursal, ángel de la lunael Ministerio de Vivienda asegura que antes de que venza el plazo de seis meses, precisamente 175 días desde la presentación de la solicitud, sin que ésta haya sido satisfecha con la asignación de vivienda adecuada, se informe al solicitante, de manera motivada, cómo resolver su problema de vivienda.
Además, la resolución final también recoge que el Ministerio ha acordado poner en marcha las actuaciones necesarias para que, en las cuentas anuales de la Generalitat correspondientes a 2023, se prevé fortalecer las dotaciones económicas dirigida a garantizar la efectividad del derecho a la vivienda, básicamente a través del incremento del parque público edificatorio en el sentido establecido por la LFSV.