VALENCIA, 2 de noviembre. (PRENSA EUROPA) –
El 86 por ciento de los migrantes considera «muy difícil» el acceso a una vivienda digna, especialmente las personas afrodescendientes y estadounidenses, y el principal problema es el precio del alquiler. Además, esta población enfrenta otros obstáculos y limitaciones que van “más allá de la barrera económica”. Estas son algunas de las conclusiones del Estudio de Diagnóstico sobre la exclusión residencial de colectivos vulnerables: población migrante y racializada en la Comunidad Valenciana.
El vicepresidente segundo y ministro de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, asistió este miércoles a la presentación del estudio, donde advirtió que estas personas «tienen más problemas para encontrar una residencia porque tienen dificultades con el registro, que muchas veces les piden la documentación que no pueden proporcionar, entrando en un círculo burocrático con pocas salidas”.
Illueca ha remarcado que desde la Vicepresidencia Segunda “siempre se ha considerado el derecho a la vivienda la puerta de entrada a toda una serie de derechos que no se pueden disfrutar sin estar garantizados”. Por eso reivindicó la necesidad de políticas de vivienda que sean «transversales y eficaces: que tengan un amplio conocimiento de las realidades en las que quieren incidir».
Y allí, el trabajo realizado por el Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana (OHSU) y la colaboración de las personas y organizaciones que han participado en este estudio cobran “particular relevancia” para conocer mejor la situación real de los migrantes. Un conocimiento que «permitirá actuar» y que además incluye «un apartado muy valioso de propuestas y recomendaciones para mejorar las políticas públicas», ha destacado la Generalitat en una nota.
“Algunas recomendaciones que hay que hacer y relativas a la mejora de la accesibilidad en la gestión y los trámites, la atención a colectivos de personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva inclusiva e interseccional, seguir ampliando el parque público edificatorio o luchar contra la brecha digital, que dificulta , por ejemplo, que les lleguen las ayudas al alquiler”, subrayó.
COMISIÓN TÉCNICA
El estudio es fruto de la Comisión Técnica de Migración y Vivienda creada en 2020 durante el pleno de la OHSU de la Dirección General de Emergencia Habitacional, para analizar la población migrante en el territorio valenciano y ver qué políticas de vivienda se podrían implementar para mejorar tu situación.
Esta comisión está integrada por los miembros del pleno de OHSU y las organizaciones que desearon incorporarse. Además, han colaborado con su experiencia todas las organizaciones no gubernamentales con las que trabajan con inmigrantes en la Comunidad, expertos de la Universitat de València, psicólogos de organizaciones de inmigrantes y de la Administración Pública y diferentes direcciones generales que han trabajado en este tema. estudios. .
El secretario autonómico de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, ha destacado que una de las conclusiones importantes de este estudio es que la situación de los inmigrantes «no es un problema unidireccional o unidireccional en materia de vivienda, sino que es un situación transversal que requiere la participación de muchos agentes”.
Además, indicó que la ley de función social “nos obliga a atender a los más vulnerables y en los dos o tres años que tardan los migrantes en regularizar su situación, debemos generar ayudas temporales de emergencia para cubrir ese espacio”.
Según la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, este estudio realizado por la OHSU, en colaboración con Valencia Acul y la comisión técnica, se participó a través de metodologías de encuestas cuantitativas y cualitativas a los migrantes que residen en nuestro territorio. “Aún tenemos mucho trabajo por hacer para poder atender adecuadamente a esta población con inseguridad jurídica y desconocimiento del idioma”, subrayó.
A esto hay que añadir que “la mayoría son maltratados porque están hacinados en las habitaciones porque no saben si les dan o no las ubicaciones correctas y no se atreven a denunciar”, añadió.
Como anunció el vicepresidente Héctor Illueca, el estudio revela que el 86% de los encuestados cree que el acceso a la vivienda es «muy difícil», especialmente las personas afrodescendientes y americanas. Además, la no regulación del mercado inmobiliario privado “está permitiendo un aumento de la demanda, lo que eleva la renta junto con el aumento de los intereses al 2%”, advirtió. “Por estas condiciones, esta población termina en manos de las mafias”, agregó.
OBSERVATORIO VIVO
Los secretarios autonómicos y directores generales de la Vicepresidencia Segunda y del Departamento de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol, el Instituto Valenciano de la Construcción, el Instituto Cartográfico, Urbanismo, acción comunitaria y barrios inclusivos, Atención primaria y autonomía personal.
Asimismo, tiene interesados a representantes de la Plataforma Antidesalojo; el sindicato de consumidores; el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; el Colegio Oficial de Arquitectos; la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes de Urbanización; la Asociación Española de Administradores de Suelos y Edificios Públicos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.