Los 402 millones de euros que componen el presupuesto del Ministerio de Vivienda tienen un objetivo claro: facilitar el acceso al alquiler. O dicho de otro modo: que alquilar un piso no se convierta en un bocado imposible de asumir a sueldo. El bono joven y la subida del parque público alargan un 12% las cuentas de la Vicepresidencia Segunda respecto a 2022 (cuando ya se había registrado un incremento del 73%) en el que se ubican las facultades de vivienda, 45 millones más para intentar enfriar el mercado y paliar la escalada de precios en el sector inmobiliario.
En ese objetivo, y con la ley estatal en el cajón de la disputa política entre los socios de gobierno para intervenir sobre las rentas, el área que dirige Ettore Illueca Se dedica a la adquisición y construcción de vivienda de protección oficial como alternativa habitacional, no sólo para compra y venta, sino también para alquiler social. En su apuesta por la vivienda social como suflé de abaratamiento, este ministerio destinará cerca de 90 millones (89,5) en diversas actuaciones en tal sentido. Entre estos proyectos se encuentra la torre residencial Sociopolis, abandonada desde hace una década.
Este nuevo aumento supone vestir el tejido normativo que impulsa el departamento con partidas económicas concretas porque lo primero sin lo segundo es solo una muestra de intenciones. Específicamente, para el Se destinarán 38,7 millones de euros el próximo año para la ampliación del parque público, ocho millones más que en 2022, donde ya se había registrado un importante incremento. Por lo tanto, también establecen 31 millones para la promoción de nuevas promociones oficiales de protección para alquiler social además de 16,5 millones para la regeneración urbana y la rehabilitación de este tipo de viviendas.
A ello se suman las medidas para hacer frente a la crisis económica y social facilitando ayudas, especialmente a los más jóvenes, que buscan su primer alquiler y que lo pagan a precios inalcanzables. En este sentido, la Dirección Regional prevé destinar más de 65 millones de euros en este tipo de estímulo: 24,3 millones en ayudas al alquiler; otros 25,1 millones para la emancipación de los jóvenes con la transferencia de fondos estatales y otros 15 millones para atender la emergencia habitacional.
Pero el mercado del alquiler no es el único ámbito en el que las cuentas del ministerio pretenden actuar. La otra pata del departamento se centra en la transición energética, la rehabilitación y la regeneración urbana. Es a través de este camino que el departamento prevé destinar 113,7 millones de euros de fondos europeos (prácticamente la misma cantidad que el año pasado). Para ello, la Vicepresidencia Segunda ha destinado 60,9 millones para la rehabilitación global de barrios y otros 63,9 millones para la rehabilitación de edificios.
Duplica tus cuentas
Si miramos las cuentas globales de este departamento, al que se le asignó la finalidad del ministerio al inicio de la legislatura, se metió en cuatro años el doble del presupuesto: de los 167 millones que tenía esta zona en 2019 a los 402 de 2023. La conciencia de los problemas de alquiler más la llegada de fondos europeos y estatales y el haber hecho de la política de vivienda una bandera han empujado al Ministerio principal en estos cuatro años de United Podem.
Sin embargo, el aumento en esta legislatura no significa que se mire hacia la parte inferior de la tabla para buscar la clasificación general de esta área. Actualmente es el penúltimo, superando únicamente al Ministerio de Participación, Transparencia y Calidad Democrática (también en manos de la UP) ya la Presidencia. Su todavía novedad como departamento independiente y la falta de funcionarios propios lo penalizan, aunque la promoción sea deslumbrante. Y lo seguirá siendo en el caso de un Botànic III.