Europa pide a los Estados miembros que regulen el precio del alquiler

ayudas al alquiler

La eurocámara alerta de la mercantilización de la vivienda en alquiler

Se ha aprobado este jueves por el Parlamento Europeo el solicitar a los Estados miembros y a la Comisión Europea que reconozcan y protejan el derecho a una vivienda digna y asequible regulando el precio del alquiler. Esta resolución, aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, solicita a los estados miembros y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales, «incluidas normativas de alquiler claras«, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas.

Entre otras medidas, la Eurocámara avala el uso de mecanismos de control de las rentas como el que prepara España en la nueva Ley estatal de vivienda: «No regular el mercado inmobiliario a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda», recuerdan los eurodiputados a los países, que son los que tienen competencia en materia de vivienda.

En el caso español, el Gobierno de coalición se encuentra en plenas negociaciones internas para incluir un control de precios de las rentas en la próxima ley estatal, basado previsiblemente en el índice de precios de referencia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) presentó en verano.

La normativa, en la que PSOE y Unidas Podemos difieren en varios puntos, incluyendo varios detalles del propio control de las rentas, debería llegar al Consejo de Ministros a finales de febrero para trasladarse al Congreso en marzo.

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Para asegurar la estabilidad de los inquilinos, el Parlamento Europeo pide en esta resolución no vinculante «garantizar la seguridad de la tenencia favoreciendo los contratos de alquiler a largo plazo como opción predeterminada», junto con la transparencia y medidas como el control de los alquileres, recoge el texto. El Parlamento invita a los Estados miembros a que apliquen políticas de vivienda basadas en el principio de neutralidad entre el acceso a un inmueble en propiedad, el arrendamiento libre y el alquiler social o asequible. De hecho, va un paso más allá y solicita a la Comisión que incluya este principio en el Semestre Europeo. 

En esta línea, invita a las capitales a mostrarse «más activas a la hora de corregir los desequilibrios» en los mercados de la vivienda facilitando, entre otras cosas, información exhaustiva sobre su funcionamiento o sobre la formación de los precios de los distintos segmentos. También pide blindar los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas y «evitar los desahucios».

La Eurocámara también pone el foco «con preocupación» en la creciente mercantilización de la vivienda, «en particular en las ciudades». Un fenómeno, alerta, «según el cual los inversores tratan la vivienda como un bien negociable y no como un derecho humano». En esta línea, vuelve a pedir a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas adecuadas para «contrarrestar las inversiones especulativas», que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social.

A su vez, se pone el foco en «el crecimiento expansivo del alquiler vacacional a corto plazo», un fenómeno que «está extrayendo viviendas del mercado y haciendo subir los precios» con un «impacto negativo en la habitabilidad». También en este caso se pide a la Comisión que establezca un marco regulador para el alquiler de alojamientos a corto plazo que dé margen de maniobra a las autoridades nacionales y locales para definir normas proporcionadas para estos servicios.

Aunque se considera que una vivienda es asequible cuando no impide a la persona o familia que la habita afrontar otros gastos esenciales, los eurodiputados también advierten de que más del 25% de los inquilinos europeos en el mercado libre dedican a la vivienda más del 40% de la renta del hogar. Plantean, para ello, impulsar la transparencia de los alquileres, apoyar a las organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y establecer procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo.

Entre los problemas que identifican los eurodiputados también se encuentra el déficit de inversión en vivienda social o asequible, que asciende a los 57.000 millones de euros al año en el conjunto de la UE. Así, y para corregir esta falta, pide una reforma del marco de gobernanza económica que permita que los Estados miembros «realicen las inversiones públicas sociales y ecológicas necesarias, incluidas las relacionadas con el desarrollo y la mejora de viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético».

Respecto al acceso a una vivienda digna, la Eurocámara solicita que se reconozca como derecho fundamental y pone el objetivo de que en 2030 ningún ciudadano comunitario carezca de un techo bajo el que dormir. Los eurodiputados recalcan que una vivienda digna debe asegurar el acceso a agua potable de calidad, saneamiento e higiene adecuados, además de conexión a las redes de alcantarillado y traída de aguas.

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